Espero que el título sea lo suficiente llamativo, porque la situación creo que es muy alarmante.
Navegando en la web, he visto una noticia de Europress (adjunto el link para que podais verlo más a fondo) donde se hace referencia a una sentencia del tribunal Supremo de Justicia donde se confirma la nulidad de 22 planes de desarrolo en Madrid, los llamados PAU. Cierto es, que por lo que he leido (y comprendido ya que, mis nociones de Derecho son muy limitadas) no queda claro que la nulidad sea para las zonas de Campamento y Arroyo fresno y se puede extender para los otros 20.
Os pongo en antecedentes; en el año 1997 con el señor Alvarez del Manzano a la cabeza, declaró edificable gran parte del terreno municipal disponible. En 2003 el Tribunal de Justicia de Madrid lo anuló, ratificándolo en 2007 el Tribunal de Justicia. En 2008 la Comunidad de Madrid presentó una memoria justificativa que diera sentido al uso del dicho suelo, pero el Tribunal de Superior de Justicia en 2011 determinó que no había lugar ratificandolo de nuevo el Tribunal Supremo el pasado 28 de Septiembre de este mismo año.
Y yo me pregunto ¿durante más de 10 años de litigios con sentencias en firme de por medio, se han seguido vendiendo viviendas? Por supuesto señores, esto es España. Me da igual los colores y los partidos, porque empezó en el año 1997 con unos en la alcaldía de la Capital, y ha continuado con los otros en el poder.

Os pongo mi ejemplo que es de los más normales para que lleguéis a ver el alcance del hecho. En 2004 entré a formar parte de una Cooperativa en el PAU de los Ahijones. Pedí referencias, estados de cuentas, proyecto y todo lo que una persona sin muchos conocimientos y asesorado por una abogado creía que sería suficiente para fiarse. Está claro que no estábamos en lo cierto, porque hacía un año que ya había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando la edificabilidad de ese suelo.
Nunca he recibido información alguna sobre este tema, ni de la comunidad de Madrid, ni del Ilustrísimo Ayuntamiento de mi ciudad y mucho menos de los que dicen ser las gestora que defienden los derechos de mi y el resto de los cooperativistas.
Como la desconfianza empezó a recorrer mi cuerpo, en el año 2008 solicité  formalmente la baja de la cooperativa, para recuperar mi aportación inicial menos una cantidad de aproximadamente 200 euros, que habia que pagar por darse de baja. El monto alcanzaba los 48.000€ que obviamente un estudiante trabajando a tiempo parcial y con 22 años no disponía. Eran los ahorros de toda una vida señores. Ninguno de ellos ostenta títulos nobiliarios y empezaron a trabajar sin tener la mayoría de edad.
En la gestora de la cooperativa me dicen que no me pueden devolver esa aportación, ya que, en estos momentos la cooperativa no tiene fondos porque se están utilizando para la urbanización de la parcela y empezar las construcción de la viviendas (a día de hoy ni una cosa ni otra). Así que lo que me comentan es que puedo pedir que me den la parte proporcional que me corresponda  del efectivo del que dispone la cooperativa en ese momento (unos 600€ y perder el resto) o esperar  a que se vendan los pisos, locales comerciales y terrenos sobrantes y cobrar la totalidad.

Hay  gente que ha seguido pagando una cuota mensual para tener acceso a estos pisos, algunos desde 1999. Familias con hijos, que viven de alquiler, viviendo en casa de sus padres/familiares, etc.

Si el estado rescata/nacionaliza a empresas por una cantidades que no me atrevo ni a escribir, por no equivocarme con los ceros, ¿acudirá al restate de lo único que da sentido a un país? Las personas.

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